López Collado declaró a Servimedia que el equipo de gobierno municipal buscará una solución ajustada a la legalidad y al acatamiento de la sentencia, con el fin de no perjudicar a unos profesionales que han continuado su carrera profesional de acuerdo con las normas de cada momento, y ajustándose a lo decidido por la corporación de turno.

ara dar cumplimiento a la sentencia, el edil apuntó la posibilidad de utilizar un sistema de degradaciones y unas habilitaciones sucesivas, con el fin de que los policías afectados por el concurso-oposición puedan recobrar en el menor tiempo posible el grado que actualmente poseen.

El responsable del área de Seguridad reconoció que todos los cambios a los que de lugar la ejecución de la resolución judicial pueden afectar al servicio y sobre todo a los interesados.

PROCESAMIENTO

Las secciones sidicales de CCOO y UGT en el Ayuntamiento de Madrid anunciaron ayer que han enviado un escrito a la fiscalía, en el que solicitan el procesamiento del alcalde, José María Alvarez del Manzano, y los concejales de Seguridad y Personal, Carlos López Collado y Antonio Moreno, respectivamente, por entender que han incumplido la sentencia denominada de los "80 sargentos".

Dicha sentencia fue dictada a raíz de la referida convocatoria del concurso-oposición restringido para cubrir 80 plazas de sargento en la olicía Municipal de Madrid.

El Ayuntamiento, gobernado entonces por la coalición PSOE-PCE permitió la participación en el concurso de policías de base, pese a que el reglamento del Cuerpo obligaba a los candidatos a tener la categoría de cabo.

Los cabos interesados presentaron un recurso contra las bases de la convocatoria, que fue desestimado por un decreto de la Alcalía Presidencia en febrero de 1981. Un año después se celebró el concurso, en el que aprobaron 11 cabos y 69 policías.

"BATALLA"DE RECURSOS

Tras una "batalla" legal de recursos por parte del Ayuntamiento y los cabos afectados, en 1984 el Tribunal Supremo dio la razón a estos últimos, declarando nulas las bases de la convocatoria y el nombramiento de los 80 sargentos.

Sin embargo, el incumplimiento de la sentencia hizo que en febrero de 1991 el Tribunal Superior de Justicia exigiera al entonces alcalde, Agustín Rodríguez Sahagún, la inmediata ejecución de la sentencia.

Según los sindicatos, con las elecciones por delate, el CDS decidió entonces pasar la "patata caliente" a la próxima corporación, cuyo máximo responsable, José María Alvarez del Manzano, declaró en su día que no pensaba degradar a los mandos de la Policía Municipal afectados.

López Collado declaró a Servimedia que el anterior equipo de gobierno municipal cometió el "error grave" de no pedir al Supremo una aclaración sobre la ejecución de la sentencia, dado lo complejo del caso, por lo que el actual Ayuntamiento tendrá que afrontar una decisión que crrespondía a otros.

En cuanto a la petición de CCOO y UGT de solicitar el procesamiento del alcalde, el concejal calificó la decisión de agresión al actual equipo de gobierno, al tiempo que lamentó que las centrales no contribuyan a encontrar una solución al problema planteado con la ejecución de la sentencia.