López declaró a Servimedia, a título personal, que tanto Balza como Conde-Pumpido tienen la obligación de impedir que se cometan delitos, y el que Batasuna promueva la manifestación lo es, porque "obviamente estamos ante un hecho prohibido por la Ley de Partidos Políticos, puesto que Batasuna ya no existe, está ilegalizada y como tal no puede ejercer este derecho" de manifestación.

Asimismo, indicó que la "razón jurídica" para impedir esta marcha reside en que la formación "abertzale", ni "nadie dentro del ámbito de la Batasuna ni valiéndose de Batasuna, ni Batasuna valiéndose de otros medios" pueden convocar una manifestación, según la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó la formación y sus actividades públicas.

Por estos motivos, López reiteró que el Departamento de Interior vasco debería recapacitar tras permitir la marcha en Bilbao, ya que la Administración tiene "la obligación de impedir que se cometan delitos".

También indicó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tiene la obligación de asumir responsabilidades por no impedir "delitos que ya se están cometiendo".

Estamos ante un "hecho incontestable", continuó López, porque "Batasuna está amparándose en esta marcha" para concurrir ante la opinión pública.