López Aguilar señaló en los cursos de verano de El Escorial que la Abogacía del Estado "está estudiando" si la sentencia condenatoria del Gobierno "es plenamente ajustada a Derecho y se corresponde con los precedentes", aunque reconoció que, por el momento, "no hay nada que anticipar al respecto".

El titular de Justicia advirtió de que dicho fallo, que obliga a indemnizar con 600.000 euros a cada familia, repara "sólo el daño económico", ya que el moral no se restituyue a través de cuantías económicas.

Explicó además que la Abogacía del Estado lo defiende "ante las resoluciones que les sean desfavorables" y que la Constitución "garantiza el principio de responsabilidad del Estado", ya sea por el funcionamiento normal de los tribunales de Justicia o por el error judicial.