El Ejecutivo tiene tomada ya la decisión de abrir un centro de atención a los damnificados por este caso de fraude, que en ningún caso interferirá la investigación judicial del caso.

López Aguilar dijo en rueda de prensa que el departamento que dirige va a colaborar al máximo con la Audiencia Nacional para esclarecer este asunto y advirtió de que el proceso judicial que acaba de comenzar tendrá "un largo recorrido".

La voluntad del Gobierno es prestar "atención personalizada y apoyo" a los afectados, manteniendo siempre "el respeto por la investigación que debe completarse sin interferencias".