"El término 'nación' no debería figurar en la redacción final del Estatut por falta de consenso suficiente y por no ser aceptado por la mayoría de españoles. Pero eso lo debe decidir el Parlamento", afirma López Aguilar en una entrevista publicada hoy en "La Razón".

El titular de Justicia añade al respecto que "es constitucional la idea de una identidad nacional catalana con una nación, con mayúsculas, española. Pero no creo que sea susceptible del consenso necesario para establecer un orden de convivencia en el que todos nos sintamos cómodos"

Con respecto al capítulo de justicia en la reforma del Estatuto catalán, López Aguilar subraya que "debe ser rehecho intensamente".

"La Constitución reserva a la Ley del Poder Judicial lo relativo a la organización, funcionamiento y gobierno del poder judicial y al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal lo relativo al Ministerio Fiscal. Ambas son leyes estatales. Por tanto, en esos puntos debe fijarse a la remisión de lo establecido por la Ley del Estado", añade.

Sin embargo, precisa que "la reforma de la Ley del Poder Judicial dará cuenta de la realidad actual del Estado de las autonomías", por lo que "dará cobertura a una solución razonable a las competencias que en materia de justicia corresponden a Cataluña y al resto de autonomías".

En este sentido, López Aguilar explica que las reformas del Gobierno no "rompen la unidad judicial y, por ende, la del Estado".

"Para afirmar eso hace falta no haber leído nunca la Constitución e invocarla en vano, como hace el PP. Hace falta ignorar que manda que los tribunales superiores de justicia sean la última instancia en cada comunidad. No son órganos de ninguna potencia extranjera. La unidad y la descentralización no son incompatibles, sino que están en la Constitución. Lo mismo que pretender que las reformas del Ejecutivo otorgan un poder judicial propio a Cataluña", señala.

DECLARACIONES DE HERNANDO

En relación a las declaraciones del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, que recalcaba que, con las reformas del Gobierno, podría llegarse a que un delito lo sea en una comunidad autónoma y no en otra, López Aguilar señala que "cuando un órgano ejerce funciones que no le atribuye la Constitución se producen fricciones".

"Las reformas del Gobierno garantizan que la segunda instancia en el orden penal pueda tener lugar en todos los procesos y que, además, la uniformación de la interpretación de la Ley Penal corresponda siempre a la Sala Segunda del Supremo. Debo recordar que para debatir las reformas estatutarias está el Parlamento. El Consejo tiene un papel y el Parlamento otro distinto", apostilla.

Por otra parte, López Aguilar dice que "ninguna modificación de un estatuto es una prioridad absoluta del Gobierno o de esa autonomía. Pero las comunidades tienen derecho a plantearlas, como ha hecho la valenciana, con el aplauso del PP. Y el deber del Ejecutivo es encauzarlas".

Por último, sobre la financiación de la Iglesia católica, López Aguilar destaca que "ninguna iglesia puede imponer sus dictados a un Gobierno".

"El Ejecutivo trabaja para una sociedad plural. Ha prorrogado para 2006 una sobrefinanciación para la actividad de la Iglesia superior en un 30% a lo que los contribuyentes le asignan. Es una señal de buena voluntad, que debería servir para que Hacienda y la Conferencia Episcopal dialoguen sobre la definición futura de esta cooperación económica y financiera. Debería existir una razonable equidad en la asignación de losrecursos públicos", concluye.