López Aguilar, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia, se refirió a que el Ejecutivo entendió que no había posibilidad jurídica de recurrir el plan, pero reconoció que en esta decisión influyeron también razones políticas.

Explicó que entre estas razones está la convicción del PSOE de que en democracia debe ser posible debatir todas las iniciativas, independientemente de que se trate de "verdaderos disparates o despropósitos", algo que, a su juicio, es el "plan Ibarretxe".

Respecto al recurso ante el Tribunal Constitucional, el titular de Justicia se refirió a que, aunque la propuesta del "lehendakari" supone una "contradicción profunda" con la Carta Magna, existían impedimentos para que esto se plasmase en una actuación jurídica.

Añadió que el hecho de que el plan fuese sólo una iniciativa de un Parlamento autonómico hacía que no fuesen viables el recurso de inconstitucionalidad, el conflicto de competencias o el de impugnación. Argumentó, a este respecto, que el Tribunal Constitucional ya se negó a suspender el plan soberanista cuando lo recurrió el Gobierno del PP.

"MAL PRECEDENTE"

Por su parte, el portavoz del PP, Ignacio Astarloa, reprochó al Gobierno que en lo referido al "plan Ibarretxe" haya actuado con "una mezcla de política y derecho", y que con sus decisiones haya sentado "muy mal precedente".

Según el diputado popular, al no tomar decisiones jurídicas, como el recurso ante el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo ha dejado "cabos sueltos muy graves", puesto que lo referido a la propuesta soberanista del "lehendakari" no se ha acabado "ni muchísimo menos".

A su juicio, el hecho de que el PSOE se haya decantado por aplicar un "Estado de derecho 'light'" puede tener repercusiones en el futuro, al tiempo que añadió que no utilizar los mecanismos legales ordinarios puede obligar a que en el futuro haya que usar otros "extraordinarios".

Por su parte, la portavoz del PNV, Margarita Uría, se refirió a que su partido y los otros que apoyan al Ejecutivo vasco, EA e IU-EB, van a seguir defendiendo el "plan Ibarretxe" en la próxima legislatura del Parlamento vasco.

"Vamos a seguir adelante", dijo Uría, "en la idea de sostener esa propuesta, siempre desde la perspectiva del derecho a decidir, pero, también, desde la obligación que tenemos todos de negociar".

Por otra parte, la portavoz nacionalista se quejó del "lentísimo" trámite que está siguiendo la supresión de la reforma sobre los referendos ilegales que el PP introdujo la pasada legislatura, y contra la que todos los grupos, menos el popular, presentaron una propuesta derogatoria.

NOMBRAMIENTOS FISCALES

Por otra parte, respecto al nombramiento de nuevos fiscales por parte del responsable del Ministerio Público, Cándido Conde-Pumpido, López Aguilar defendió estas designaciones y que parte de los elegidos, por decisiones políticas, pertenezcan a la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

El ministro señaló que estas decisiones, al igual que hace el Consejo General del Poder Judicial cuando nombra a magistrados de órganos como el Tribunal Supremo, tienen un componente político, en el sentido de política judicial.

Respecto a Conde-Pumpido, el ministro destacó que el responsable de la Fiscalía tiene "criterio propio" y no se somete "al seguimiento mecánico o servicial" de instrucciones más o menos directas del Gobierno.

Por su parte, Astarloa acusó al fiscal general de estar actuando como un "hooligan" del Gobierno, ya que en todas las decisiones que están teniendo relevancia pública está tomando posiciones que coinciden con las del Gobierno.