A su juicio, "la Constitución debe tomarse en serio", y el recurso del PP es "un pésimo servicio a la calidad de la convivencia democrática en este país".

En la presentación de una nueva campaña contra el consumo y el tráfico de drogas en los viajes al extranjero, el ministro señaló que la iniciativa presentada esta mañana por el PP es "un recurso de inconstitucionalidad contra un estatuto aprobado por las Cortes y ratificado, como es preceptivo, por el pueblo de Cataluña".

Según señaló, "el Partido Popular está en su derecho, porque el único requisito que la Constitución establece para interponer un recurso directo de inconstitucionalidad es contar con 50 diputados; y el PP los tiene".

Pero añadió que "lo que tengo que refutar es el tremendismo negativo y catastrofista de que ha impregnado el PP todo su discurso y sus acciones en esta legislatura". "Nada de lo que el PP ha venido prediciendo en su instalación en el discurso de la catástrofe se ha cumplido hasta la fecha", agregó.

A LA TORERA López Aguilar insistió en que el Tribunal Constitucional "está precisamente ahí para garantizar la sujeción a la Constitución de la legislación de todo el ordenamiento jurídico, incluidos, por tanto, los estatutos de autonomía y las leyes orgánicas".

Por tanto, el día en que el Tribunal Constitucional pronuncie su palabra, "todos lo que creemos, realmente, en la Constitución y en las reglas del juego, lo acataremos con toda normalidad".

"Ojalá el PP fuera capaz de decir lo mismo, porque le hemos visto durante demasiado tiempo llenarse la boca de Constitución, pero saltarse a la torera lo que realmente significa", ironizó.

En este sentido, recordó que después de que el pueblo de Cataluña hubiera ratificado en referéndum este Estatuto de autonomía, aprobado "por amplísima mayoría" por el Parlament de Cataluña y aprobado también por las Cortes Generales como ley orgánica, el PP pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "que paralizase el proceso de su entrada en vigor y que el Rey no lo firmase", en contra del procedimiento que establece la Carta Magna.