A través de un comunicado, Lokarri se refería así a los casos de los empresarios que en las últimas semanas han sido detenidos en relación con el pago de dinero a la banda etarra tras exigírseles el llamado impuesto revolucionario.

Lokarri sostuvo que "el pago de la cantidad reclamada por ETA no es un delito", ya que "el Código Penal afirma en su artículo 20.6 que está exento de responsabilidad criminal 'el que obre impulsado por miedo insuperable'".

Según esta asociación, "el temor al daño que se puede sufrir por no pagar el impuesto (atentados, secuestros) puede llevar al pago del mismo, circunstancia que no es imputable penalmente".

Al mismo tiempo, Lokarri destacó que "el impuesto revolucionario supone una grave amenaza para las personas que reciben una carta conminando a entregar una cantidad de dinero a ETA y trae consigo un grave quebranto para la vida familiar, económica y laboral".

Por este motivo, este colectivo vasco cuestionó la actuación legal y policial contra los empresarios que pagan a ETA, ya que las personas que sean extorsionadas en el futuro por los terroristas se enfrentan a una "doble amenaza".

"Por un lado, la de ETA, en el caso de que se nieguen a pagarlo", sostiene Lokarri, "y por otro, la del Poder Judicial, quien amenaza con perseguir a todas las personas que, empujadas por el miedo, hagan frente a esta extorsión".