En declaraciones en el Congreso de los Diputados, Llop defendió así que el PSOE haya presentado en el Congreso, dentro de la tramitación de la Ley Concursal, una enmienda que plantea que los fiscales generales se conviertan automáticamente en fiscales de sala del Tribunal Supremo cuando abandonen el cargo.

PP y Ciudadanos aseguraron, al conocerse esta propuesta de los socialistas, que con ella se busca beneficiar a la actual fiscal general y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado.

La enmienda busca modificar el artículo 31 del la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Los socialistas plantean incluir en este apartado que quien sea nombrado fiscal general “adquirirá la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese”.

Llop explicó que una medida de este tipo venía siendo pedida por el Grupo Greco, que demandaba que España reformase la ley para dar una “salida digna” a los fiscales generales, ya que de esta forma se aumentaría su independencia.

“NO ES UN TRAJE A MEDIDA”

La ministra defendió que esta enmienda “no es traje a medida” para Delgado, sino que muestra que el Gobierno y el PSOE “están comprometidos con la regeneración democrática de nuestro país y con incrementar la calidad también democrática de las instituciones”.

Argumentó que se impulsa el “fortalecimiento institucional de la Fiscalía” en la línea de las “recomendaciones” que hace el Grupo Greco, que sostiene que, al dar una mejor salida a los fiscales generales, se evita que actúen “con arreglo a presiones de cualquier tipo”.

Además, Llop aludió al caso de la ex fiscal general María José Segarra, quien quedó adscrita a la Fiscalía de Sevilla cuando dejó el cargo en enero de 2020, pero que adquirió la categoría de fiscal de sala cuando más tarde fue nombrada fiscal coordinadora de discapacidad y atención a los mayores.

Sobre por qué se ha elegido la Ley Concursal para incluir esta enmienda, la ministra indicó que ha sido porque esta norma era la que llevaba una tramitación “más avanzada” en el Congreso y se atendía así la “observación permanente” que sobre el destino de los fiscales generales estaba haciendo el Grupo Greco.