Llop se pronunció de esta forma en Vitoria tras reunirse con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso.

En declaraciones a los periodistas, la ministra volvió a defender la enmienda planteada por los socialistas dentro de la Ley Concursal, que establece que los fiscales generales se conviertan en fiscales de sala del Tribunal Supremo cuando abandonen este cargo. De aprobarse, esta reforma beneficiaría a la actual responsable del Ministerio Público, Dolores Delgado.

Llop defendió que se busca garantizar la libertad de los fiscales generales “a la hora de tomar decisiones”. Sostuvo que se evitará que sean “presionados” y "cualquier tipo de puerta giratoria”, ya que de antemano sabrá que obtendrán el “máximo rango” al abandonar su responsabilidad.

“AGILIZAR” EL TRÁMITE

Añadió que, en lo que respecta a los jueces, la ley ya incluye salidas ventajosas para quienes sean presidentes de sala o de tribunales superiores, de forma que tienen preferencia durante dos años para elegir destino sobre otros compañeros.

Al mismo tiempo, Llop se refirió a que el PSOE y el Gobierno, al presentar esta enmienda, están apostando por la “regeneración democrática” y el “fortalecimiento de nuestras instituciones”, ya que las mejores legales para la Fiscalía son algo que para España está pidiendo el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco).

En cuanto a que la enmienda haya sido presentada en la tramitación de una norma -la Ley Concursal- que no tiene relación con el cambio que se plantea, la titular de Justicia señaló que se ha hecho así para “agilizar el trámite legislativo” y responder cuanto antes a las demandas del Greco.

En cuanto al enfrentamiento entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Europea sobre la investigación de los contratos del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Llop señaló que es “una cuestión puramente técnica” y “de competencia”.

Indicó que la Fiscalía española no está subordinada a la europea, sino que esta última reclama su participación en la causa si han podido malversarse fondos comunitarios. En todo caso, la ministra apuntó que las desavenencias deben resolverse haciendo la “interpretación” oportuna de las normas que rigen para esta cuestión.