Las cajas y los ordenadores llegaron a la Audiencia Nacional sobre las 18.00 horas, coincidiendo con la declaración ante el juzgado de Baltasar Garzón del último de los imputados en la causa, el ex secretario general del PP en Galicia Pablo Crespo.

Anteriormente habían sido interrogados por Garzón el presunto cerebro de la trama de corrupción, el empresario Francisco Correa, así como el también empresario Antoine Sánchez.

Todos ellos están acusados de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita.

En la operación se realizaron registros en domicilios y sedes empresariales de la provincia de Madrid, así como de Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz). Además, el juez Garzón requirió documentación a los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda.