"No se trata, como dice Montoro, de responsabilizar al Gobierno del fraude porque, si así fuere, habría que remitirse a la acción penal de los jueces. Se trata de situar y exigir la responsabilidad política a quienes en sus nombramientos y en la vigilancia de los altos cargos han facilitado el caso Gescartera. Y pedir esto no es ningún desatino, sino un derecho y una obligación de la oposición parlamentaria", agregó Llamazares.

En opinión del dirigente de IU, "cada día que pasa, el Gobierno vacía más de contenido la investigación que dice apoyar e intenta reducir el ámbito de responsabilidades al sector privado y, si acaso, a algún funcionario. El Gobierno aún no ha depurado ninguna responsabilidad política y no ha publicado ni un solo informe ni una sola valoración de las investigaciones en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Hacienda", concluyó Llamazares.