En una rueda de prensa en la sede de su partido, Llamazares confió en que "la Casa Real enmiende su error y convoque al resto de las fuerzas políticas y a las comunidades autónomas", tras una reunión a tres en con la que no ha hecho sino "legitimar o solemnizar" el acuerdo de las fuerzas mayoritarias frente al denominado "plan Ibarretxe".

"No ha sido una decisión acertada, porque da la imagen de una medida excepcional", aunque el país no está en situación de excepción, "y de parte, cuando el jefe del Estado debe situarse de parte de todos", agregó, tanto de nacionalistas como de no nacionalistas.

El líder de IU reiteró que el acuerdo de Zapatero y Rajoy de abordar en una comisión bilateral las reformas estatutarias y constitucionales es excluyente con el resto de las fuerzas políticas, con las comunidades autónomas y con el propio Parlamento, que es la institución "seria" que debería tener protagonismo en estos debates.

Insistió en que la reunión "no parece una reacción normal de las insituciones, da la impresión de que no basta con la democracia y el Parlamento, y que hay que hacer algo fuera de él", algo que "no es necesario", enjuició.

"GRANDES COALICIONES"

"No hacen falta grandes coaliciones que excluyen la pluralidad política y la pluralidad autonómica del Estado", concluyó, para agregar que en la reunión de la Mesa del Congreso del miércoles, día 19, defenderá que la Comisión Constitucional pueda debatir la propuesta del "lehendakari" antes de que se produzca el debate en Pleno.

IU considera que podría habilitarse una fórmula para que los partidos políticos representados en el Congreso, entre los que figuran todos los del Parlamento vasco salvo Batasuna, cuya presencia no es en ningún sentido necesaria, puedan discutir de forma más amplia la propuesta de Juan José Ibarretxe.

Fuentes de la coalición indicaron que se podría acordar otro sistema distinto del propuesto por el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, de establecer una comisión bilateral de ambas cámaras, pero que permita a los grupos debatir la iniciativa y rechazarla con argumentos.

La propia Presidencia del Congreso podría reunir a la Comisión Constitucional antes del 8 de marzo, de la misma manera que se hizo en 1993, cuando una resolución de la Presidencia estableció el procedimiento que rige ahora las reformas estatutarias.