Esta situación exige, dijo Llamazares en una rueda de prensa, una "actitud activa del Gobierno, acelerando el trámite de la Ley del Suelo", y también por parte de los grupos parlamentarios, que deben protagonizar un gran pacto político contra la especulación urbanística.

En su opinión, la especulación y la corrupción urbanística suponen una "amenaza al medio ambiente y también a la democracia local y política", por lo que propuso una comisión de estudio en el Parlamento, entre otras iniciativas parlamentarias.

Llamazares reiteró la necesidad de "afrontar la gravedad" de un problema que afecta a las distintas comunicades autónomas y que, por lo tanto, "requiere un abordaje global", desde el punto de vista de la justicia y de la política, ya que es necesaria una nueva política del suelo y la vivienda.