Llamazares aprovechó una rueda de prensa en el Congreso para responder a la polémica generada por la reflexión de Díaz Ferrán durante la reunión de partidos y agentes sociales para consensuar un comunicado conjunto de condena por el último atentado de ETA, el asesinato del empresario Ignacio Uria.

En esa reunión, Díaz Ferrán propuso a los partidos una reflexión sobre la conveniencia de expulsar a los concejales de ANV de los ayuntamientos vascos, y explicó después a los medios de comunicación que Izquierda Unida se había opuesto a ello.

Llamazares precisó que "sin mentir", Díaz Ferrán "no dijo toda la verdad". Al proponer esa reflexión, explicó, el presidente de la patronal "introdujo un elemento de diferencia y de división entre los que estábamos de acuerdo en el rechazo y condena al atentado".

A esa reflexión, Llamazares respondió subrayando su coincidencia en la lucha contra ETA y en la necesidad de aislar a quienes no condenan el terrorismo, defendiendo por ejemplo que pierdan el poder en los municipios, pero "sin atajos, ni políticos, ni legales".

Hoy por hoy, explicó Llamazares, no existe mandato imperativo de los concejales, por lo que todos ellos son "autónomos" respecto de su fuerza política, y eso significa que, aún ilegalizada esa fuerza política, como es el caso de ANV, ellos no quedan ilegalizados individualmente.

En su opinión, la propuesta de Díaz Ferrán de aplicar "la doctrina Marbella" a esos ayuntamientos, es decir, que sean disueltos, supondría hacer pagar a justos por pecadores y "se llevaría por delante" los intereses generales de los ciudadanos y a los demás concejales, no sólo a los de ANV, al generar "ayuntamientos de excepción".

La ley debe ser aplicada de forma "proporcional y selectiva", concluyó Llamazares, y aplicarla como propone Díaz Ferrán "nada tiene que ver con la política democrática y con el estado de Derecho".