El documento, que repasa la coyuntura política y los objetivos para impulsar a Izquierda Unida ante las próximas elecciones municipales y autonómicas, además de reclamar una solución política al conflicto de las candidaturas de Madrid, obtuvo el respaldo 74 de los 121 miembros del Consejo Político presentes en la votación. Otros 27 votaron en contra y 20 se abstuvieron.

El presidente ejecutivo del PCE, Felipe Alcaraz, fue una de las voces más críticas con el documento político, que pidió que se retirase. Denunció que en IU "todo se traduce en titulares, no somos ya el socio preferente del Gobierno. Cada vez que se acerca un Consejo, Llamazares se vuelve muy de izquierdas, pero nada más acabar, se le olvida".

En su discurso, tras escuchar a los 73 miembros del Consejo que pidieron la palabra en una reunión de más de seis horas, Llamazares respondió a los críticos que comparte la "necesidad de profundizar a la oposición alternativa, lo que no significa no llegar a ningún acuerdo".

En cuanto al informe elaborado por Llamazares en base a los documentos aprobados por las últimas reuniones de la Presidencia, el líder de IU subrayó que es una "deslealtad que se me intente anular como dirigente político y parlamentario. Recibiré críticas hasta el masoquismo, pero no voy a ser nunca un coordinador general que retire su documento político, aprobado por la Presidencia".

DESPRECIO A LA IZQUIERDA

El documento político apuesta por plantear una alternativa sólida de izquierdas, ahora que el PSOE dirige su empeño en ocupar el centro político, con su "voluntad de despreciar los acuerdos desde la izquierda siendo obsequiosos con la derecha en el tema de la memoria histórica y en los acuerdos con la Iglesia".

El proyecto sobre memoria histórica demuestra que el PSOE es "preso de una historia que en nombre de la gobernabilidad quiso extender una capa de silencio sobre la represión, la tortura, el miedo. Sobre esos cimientos se ha construido la transición y por eso nuestra democracia es frágil".

Asimismo, considera un "error grave el acuerdo con la Iglesia en materia de financiación y en materia educativa. Se ha cedido a la presión social y mediática a cambio de nada", con acuerdos "más propios del tardofranquismo que de la democracia" que otorgan "privilegios injustificables a la Iglesia católica".

CAMPAÑA POR LA PAZ

El documento político analiza, por otro lado, el compromiso con el proceso de paz, en el que muestra su "decepción por la acción del Gobierno. El coraje inicial se ha diluido apresados por el temor a los efectos electorales de esta gestión. Mal cálculo", añade.

Asegura que la principal responsabilidad corresponde a ETA y a su entorno, pero también el Partido Popular, que "muestra su miserabilidad política en este asunto y su voluntad de seguir persiguiendo beneficios políticos a través del aprovechamiento del terror".

En este contexto, anuncia que iniciará en enero una campaña de movilizaciones en defensa del proceso de paz, e insiste en la necesidad de promover un Pacto por la Paz en el ámbito político estatal, la reforma de la Ley de Partidos y el endurecimiento del Código Penal y la flexibilización de la política penitenciaria.