En su carta, enviada en nombre del grupo parlamentario IU- ICV, Llamazares le emplaza también a investigar si la Administración española "está adquiriendo una responsabilidad subsidiaria, de cooperación necesaria en relación con el trato dispensado en Marruecos a estas personas, con un saldo de varios muertos por apaleamiento y disparos".

"O una vez esposadas, mediante su traslado en caravanas al suroeste del país, donde son abandonadas a su suerte en zonas desérticas pasando hambre y sed", prosigue. "Conociendo lo que está sucediendo, cuando se están lesionando derechos humanos como el derecho a la integridad y el derecho a la vida, la Administración española no puede rasgarse las vestiduras", dice Llamazares.

El Gobierno "ha vulnerado el artículo 157 del Reglamento de Extranjería, que establece que no se puede proceder a la devolución de una persona extranjera sin que haya sido oído y sin que haya tenido asistencia jurídica e intérprete", y las vallas de Melilla están situadas en territorio español, por lo que no se les puede aplicar la expulsión inmediata, advierte.

Además, recuerda que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, afirmó que "no es arrestando gente como se va a resolver la inmigración, sino más bien respetando los derechos humanos", y el portavoz de la Presidencia de la Comisión Europea declaró que "las repatriaciones deben hacerse en condiciones dignas, respetando los derechos humanos y el principio de proporcionalidad".

Por todo ello, pide al fiscal general del Estado que se interese por el cumplimiento estricto de las disposiciones establecidas en la legislación española e internacional en materia de admisión y alejamiento de extranjeros así como el respeto la regulación en materia de asilo político, de refugio y de protección de los derechos humanos.