Llamazares aclaró en un comunicado el contenido de su intervención en la reunión que los grupos políticos con representación parlamentaria, patronal y sindicatos mantuvieron hoy en el Congreso de los Diputados para aprobar una declaración conjunta de condena del último atentado de ETA.

En la reunión el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Fernán, pidió que los partidos hagan una "reflexión" política y desalojen a ANV de los ayuntamientos, tras lo cual Llamazares pidió la palabra para afirmar que, pese a "estar de acuerdo con el fondo perseguido con las propuesta", no lo estaba "con el método elegido".

Llamazares recordó que ANV es una formación política ya ilegaliza, contra la que ha actuado la Justicia, e indicó que la ley "no contempla la actuación contra quienes no condenan la violencia a título individual".

Para Izquierda Unida, "la disolución de los ayuntamientos, tal y como ocurrió con el de Marbella, aunque por otros motivos bien distintos, es un recurso excepcional y no se puede hacer de forma generalizada, entre otros motivos porque la legislación actual así no lo contempla".

"El que se disuelva un ayuntamiento utilizando este método no sólo afectaría a la representación de ANV, objetivo de la medida, sino a la de todos los demás grupos municipales que lo integran", explica la nota.

De modo que Llamazares mostró su desacuerdo con la fórmula expresada por Díaz Fernán, en el marco de un cambio de impresiones sobre una propuesta que, "en ningún caso, fue la que protagonizó el discurrir de la reunión".

La nota aclara que en el encuentro "los representantes de todas las formaciones políticas, sindicatos y asociaciones mostraron su inquebrantable unidad frente al terrorismo y apoyaron sin ningún matiz el texto de la declaración de condena leído con posterioridad".

ERC: NO CRISPAR

Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Ridao, indicó en otro comunicado que considera que "la actitud de no condenar el atentado puede ser merecedora de reproche ético o moral, pero en ningún caso constituye un ilícito".

Ridao dudó de que "la Ley de Bases de Régimen Local autorice a la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV precisamente por este motivo".

A su juicio, "es un error intentar dejar huérfana de toda voz a una parte nada despreciable del País Vasco", algo que "sólo contribuiría a crispar más la situación y a retardar una solución pacífica y dialogada al conflicto".