Llamazares se felicitó en rueda de prensa de que, gracias al acuerdo alcanzado por el Gobierno con los partidos de izquierda, el proyecto incluye aspectos que no tenía el anteproyecto inicial del Ejecutivo, como el derecho subjetivo, la atención de cero a tres años, la enfermedad mental y un tratamiento más ambicioso de la suficiencia financiera.

"Ahora es un proyecto de la mayoría de izquierdas y reconoce desde hace décadas por primera vez un derecho universal recurrible ante la administración de justicia y suficientemente dotado por la Administración central", con la aportación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, agregó.

Insistió en que la ley supone "un salto cualitativo" que permitirá a España acercarse a los países nórdicos en el nivel de atención a las personas dependientes, de forma que España pase de ser un Estado "del malestar" a uno "de medioestar", porque aún no puede decirse que alcance "el de bienestar".

Por ello, remarcó que "cualquier modificación será para mejorarla, ampliar las prestaciones y la financiación", y no se aceptará ninguna enmienda que vaya en el sentido contrario o ue tienda a privatizar los servicios sociales.