En rueda de prensa ofrecida en el Congreso de los Diputados, Llamazares insistió en que la revisión tarifaria impulsada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, pretende "subordinar el interés general al interés de los fuertes" en una situación de crisis en la que el Gobierno "se arrodilla ante el sector eléctrico y da la espalda a los ciudadanos".

Así el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero evidencia que "es débil con los fuertes y fuerte con los débiles", poniendo en práctica "una política que no es precisamente de izquierdas, sino todo lo contrario".

La subida de la luz no sólo es "inaceptable", sino que las explicaciones dadas por el Ejecutivo son "un engaño", puesto que lejos de ser un aumento "que se acerca al crecimiento del IPC, cuadruplica el IPC previsto y dobla el real", lo que hace que la nueva tarifa tenga un carácter "expropiatorio".

Las nuevas tarifas no introducen tramos que discriminen lo que pagan los ciudadanos en función de su consumo y su renta y además no atienden ni a criterios sociales ni de preservación del medio ambiente, tal y como esgrime el Gobierno.

Para Izquierda Unida, esta subida sólo "responde a los intereses de las eléctricas", que únicamente están dipuestas a "dar beneficios para sus accionistas y muy pocas inversiones para los ciudadanos". Además, denunció, el Gobierno ni siquiera les exige que cumplan con su obligación de promover la competencia tras la liberalización del mercado.

Según Llamazares, "la crisis (económica) la van a pagar los ciudadanos y los que más se beneficiaron del crecimiento, pretenteden seguir beneficiandose de la crisis, y a tenor de las medidas adoptadas por el Gobierno, lo van a conseguir. Las grandes empresas no van a hacer ningún esfuerzo y no se van a apretar el cinturón ni un solo centrímetro".

Ahora el Gobierno sólo está pensando en "hacer caja" con la que compensar el desembolso de su promesa electoral de devolver a los ciudadanos 400 euros, y esta subida de la tarifa eléctrica puede suponer una recaudación de 2.800 euros, según los cálculos de IU.

Por todo ello, la coalición exige al Gobierno que vuelva a dar el carácter de servicio público a la distribuión eléctrica, de manera que pueda obligar a la empresa a reinvertir en la mejora del servicio, algo imprescindible cuando además se tiene en cuenta que los beneficios de las eléctricas crecieron más de un 23 por ciento en la primera mitad del año.

Solicita igualmente que se establezca un período transitorio o que sencillamente se revoque la intención de suprimir la tarifa nocturna de manera unilateral y tras años de campaña para que los consumidores instalaran costosos equipos, con el argumento del ahorro enérgético.

IU propone un plan renove para electrodomésticos con 10 años de antigüedad, una tarifa por tramos que tenga en cuenta la renta del consumidor y que se deje de castigar al consumidor doméstico en favor de los consumidores empresariales.