En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Llamazares presentó una proposición de ley orgánica con la que pretende acabar, en un plazo de cinco años, con los "privilegios" de la Iglesia católica, no como "respuesta a la ofensiva" de la Conferencia Episcopal, sino como "asignatura pendiente" de la transición.

En respuesta al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, el líder de IU acusó a los obispos de pretender la "rebeldía de cintura para arriba y el monopolio de la moral de cintura para abajo", lo que demuestra que la Iglesia católica en España está "anclada en el medievo, y confunde el poder terrenal con las creencias".

La proposición de ley orgánica pretende precisamente "clarificar" la diferencia entre Iglesia y Estado, "dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, una máxima que no se ha cumplido, que está pendiente desde la transición democrática".

"Frente a la beligerencia de la jerarquía eclesiástica y la hipocresía del Gobierno socialista", que mientras toma medidas para hacer un Estado más laico mantiene los privilegios para la Iglesia católica, explicó, esta propuesta pretende que no se mantenga la "confusión entre Estado e Iglesia".

Ante la visita del Papa a Valencia los próximos días, Llamazares confió en que el Gobierno "sea respetuoso pero no sobreactúe, ya lo harán otras fuerzas políticas que lo utilizarán en la precampaña, pero ese es su problema".

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, detalló el contenido de la iniciativa, con la que su grupo pretende hacer efectiva la aconfesionalidad del Estado que marca la Constitución, y eliminar los privilegios económicos y fiscales a la Iglesia católica, como ha demandado la propia Comisión Europea.

NO SUFRAGAR NINGUNA CONFESIÓN

IU-ICV parte de la base de que "no se debe sufragar ninguna opción de pensamiento", y hay que mantener la igualdad de este tipo de organizaciones, sean religiosas o laicas, y destinarles recursos sólo de carácter "finalista", pero no para financiar su actividad.

La proposición de Ley Orgánica de Libertad de Pensamiento, de conciencia y de religión, establece que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", y los poderes públicos "mantendrán relaciones de cooperación con las organizaciones pertenecientes a ámbitos de pensamiento, conciencia y religión cuando los intereses de las mismas coincidan con algún tema de interés público".

La coalición propone que la aportación de recursos públicos para la reconstrucción o mantenimiento de lugares de culto que sean de titularidad privada deberán prever "una fórmula de compensación adecuada en beneficio de la sociedad, acorde con los recursos destinados a tal fin, incluida la cesión de la titularidad a las instituciones públicas".

Añade que los representantes políticos y de la Administración actuarán siguendo un código de conducta que se deriva del principio de aconfesionalidad del Estado, y en la celebración de actos públicos los representantes de las comunidades religiosas serán considerados como representantes de la sociedad civil, "no siéndoles otorgadas una posición de autoridad moral".

REVISIÓN DEL CONCORDATO

La iniciativa de IU-ICV garantiza una educación pública aconfesional y coherente con los derechos constitucionales, y circunscribe a las organizaciones religiosas el mismo estatus jurídico que el resto de las organizaciones civiles e ideológicas.

Por otra parte, la formación liderada por Llamazaresreclama la suspensión de "cualquier legislación supranacional o tratado internacional" que se contradiga con esta iniciativa y con la Constitución, con lo que IU-ICV pide la revisión del concordato con el Vaticano.

Finalmente, esta proposición de ley obliga a "corregir" en el plazo de cinco años todos los "privilegios" de la Iglesia católica, como exenciones fiscales, la aportación del 0,52 por ciento del IRPF, y otros mecansismos de financiación.