En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Llamazares dijo al Ejecutivo, que recibirá a los convocantes de la manifestación del pasado sábado contra la Ley de Educación, que "diálogo todo, pero chantaje ninguno, porque no sabemos hasta dónde puede llegar", más allá de la situación "inaceptable de privilegio" que ya tiene.

A su juicio, el Gobierno debería recibir al PP y a la jerarquía eclesiástica, que son los verdaderos convocantes de la movilización, y pensar que debía haber abordado una reforma más profunda, porque la protesta iba a ser la misma. "Nunca una iniciativa de mínimos tuvo una respuesta tan contundente", apostilló.

Subrayó que, para que el diálogo sea "equilibrado", el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendría que escuchar también a los sindicatos de estudiantes, la comunidad escolar y las fuerzas políticas y sociales que defienden una escuela pública de calidad, para no ceder a un "chantaje preconstitucional".

Para Llamazares, aceptar las peticiones de la Iglesia y el PP supondría consolidar un Estado "neoconfesional" con una Constitución no confesional; una enseñanza pública y concertada ordenada no por las instituciones democráticas, sino por "poderes fácticos", y una jerarquía eclesiástica financiada por todos, más allá de lo que quieren sus fieles.

"Es el momento de abrir un diálogo con el conjunto de la sociedad sobre bases mínimamente igualitarias, y no un diálogo en el que la Iglesia tiene cien y la comunidad escolar cero", agregó, lo que exige "reabrir un Concordato predemocrático y constitucional", algo que planteará IU-ICV a través de iniciativas parlamentarias.

En cuanto a la financiación, la coalición defenderá en los Presupuestos Generales del Estado para 2006, que se debaten a partir de esta tarde en Pleno en el Congreso, una enmienda con la que se pretende "eliminar de una vez la sobrefinanciación y el trato de favor a la Iglesia católica".

Para ello, quiere que la cuantía de pagos a cuenta mensuales en concepto de recaudación a través del IRPF se fije en una doceava parte de lo efectivamente recaudado en el último ejercicio fiscal; que no se eleven a definitivas las cantidades efectuadas en 2005 hasta que la Iglesia no devuelva los recursos recibidos y que sobrepasaban lo recaudado, y que nunca pueda utilizarlo para compra de valores mobiliarios o fondos de inversión.