En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Llamazares explicó que su grupo parlamentario ha planteado un voto particular a estas conclusiones porque no incorporan una reprobación al Gobierno de José María Aznar, ni medidas de calado para mejorar la seguridad marítima, como la unificación de la administración marítima bajo una sóla autoridad.

El líder de IU recalcó que el informe que aprobará el próximo miércoles la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación con los votos de las dos formaciones mayoritarias está "lleno de sombras", no aborda el problema estructural de la seguridad marítima y apunta como causas de la catástrofe lo que sólo son "concausas ambiguas".

Explicó que el documento de conclusiones apela a la descoordinación de las administraciones y al mal estado del buque, cuando la "principal y última causa, avalada por los técnicos, ser la decisión de alejar el buque, que convirtió el accidente en una catástrofe ecológica internacional sin precedentes".

"Todavía no se han depurado las responsabilidades públicas de la catástrofe", prosiguió, por lo que las conclusiones de la subcomisión "tienen que incorporar un reproche, una reprobación a los responsables políticos de entonces", si se quiere evitar que otros gobernantes tomen decisiones como aquélla sin contar con ningún tipo de aval.

Concluyó que su voto particular es una llamada a la "responsabilidad" frente a un informe, el acordado por PP y PSOE, que calificó como "de la razón de Estado", y reclamó que estas conclusiones no se aprueben de forma "vergonzante" sólo en Comisión, por lo que pedirá que se discutan y voten en Pleno.

La coordinadora de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, emplazó al presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, a que "sea coherente con la posición que mantenía en la oposición" y reabra la comisión de investigación cerrada "precipitadamente" sin contar siquiera con la comparecencia del entonces jefe del Ejecutivo gallego, Manuel Fraga.

Emplazó al Gobierno gallego, que hace "hincapié en su reivindicación de infraestucturas, a dedicar el mismo esfuerzo a exigir cuestiones básicas, como la ubicación de un puerto refugio" en las costas de Galicia.

INCIDENCIAS EN LA SALUD

La coordinadora de la federación de IU en Galicia recalcó, asimismo, que el informe de la subcomisión del Congreso debe reclamar estudios epidemiológicos sobre las incidencias en la salud pública, tanto para los marineros que manipularon el "chapapote" como las derivadas de la decisión "tan errónea" de ordenar la reapertura inmediata de la pesca.

Por último, resaltó que el informe debe reclamar "medidas de alcance profundo" en materia económica, dado el impacto de la catástrofe en el sector primario de la economía gallega, que supone el 10 por ciento de su PIB, y abordar la gestión de los residuos tóxicos, ya que el Ejecutivo "no sabe qué hacer con las balsas de chapapote".

El abogado de Izquierda Unida en la causa abierta por el hundimiento del 'Prestige', Alfonso Suárez, aseguró que la realidad es "mucho más cruda" que las causas acreditadas en el informe de la subcomisión, y va más allá de la "corrosión" del buque, que contaba con todos los certificados y permisos necesarios para navegar.

"NO ERA UN BUQUE CHATARRA"

"No era un buque chatarra", subrayó Suárez, quien resaltó que el problema está en una legislación y unos convenios internacionales "hechos para que este tipo de buques naveguen", por lo que las medidas deben abordar reformas en la normativa de seguridad marítima.

Además, el abogado de IU recalcó que, en su voto particular, emplaza al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, tome las iniciativas necesarias para que los informes de la Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos sean públicos, porque actualmente están "calificados de secretos, como los fondos reservados del Ministerio del Interior".

La coalición reclama también que se dejen sin efecto las cláusulas por las que los afectados renunciaron al ejercicio de acciones civiles y/o penales para cobrar las indemnizaciones; y que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir a la Audiencia Nacional los delitos contra el medio ambiente cuando afecten a varias provincias.