Llamazares se negó a entrar en el "juego de la dispersión" del PP y afirmó que su grupo parlamentario sólo piensa reclamar la comparecencia parlamentaria de responsabls políticos, para "no duplicar" la investigación con el proceso judicial que ya está llevando a cabo la Audiencia Nacional.

Aunque todavía no ha preparado una lista con las personas que piensa llamar a declarar, adelantó que se centrará "en el ámbito político". De este modo, desea que pasen por la comisión de investigación de Gescartera el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato; el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro; el ex secretario de Estado de Hacienda, Enriqu Giménez-Reyna; y la presidente de la CNMV, Pilar Valiente; entre otros.

A su juicio, se trata de averiguar qué personas promovieron desde la Administración la inversión de departamentos ministeriales y de instituciones públicas en Gescartera. Llamazares diferenció "dos niveles de responsabilidad" en el caso y dijo no estar dispuesto a esperar "hasta el final" para decir lo que piensa Izquierda Unida.

"Tenemos la impresión de que hay responsabilidades políticas y pensamos, al contrario que Rato, ue Enrique Giménez-Reyna es un responsable político de un caso de corrupción", dijo, en contraste con la calificación de "estafa monumental" que ayer hizo el propio Partido Popular.

CULPA DEL GOBIERNO Y LA CNMV

Además, consideró que la CNMV es copartícipe del escándalo y que los dos ministros económicos del Gobierno tienen "responsabilidades políticas", a pesar de lo que piense el presidente del Gobierno, José María Aznar.

Llamazares explicó que la comisión de investigación sobre Gescartera quepropone IU incluye una duración mínima de tres meses prorrogables. Además, estaría formada por dos miembros de PNV, CiU e IU, al contrario de la propuesta que ha hecho el PP, en la que sólo se contempla esta posibilidad para el grupo catalán.

También dijo que el "caso Gescartera" no se entiende sin la implicación de los Ministerios de Economía y Hacienda, sin la participación de la CNMV y sin la de la ONCE. A su juicio, "el Gobierno debe decir por qué en 1999 modificó el decreto que orienta el funcionmiento de la ONCE para rebajar los controles públicos en la ONCE y dar autonomía a sus propios dirigentes".

Calificó de "escándalosas" las explicaciones que ayer dio el presidente de la Organización, José María Arroyo, porque "demuestran que un organismo de esas características no tiene ningún control democrático y no tiene ningún control de sus principales inversiones".

"Es especialmente grave porque no reconoce haber participado en Gescartera y dice que no existen participaciones ni acciones enGescartera y, sin embargo, la CNMV consideró la participación de la ONCE en Gescartera Dinero como el requisito para no llevar a cabo la intervención de Gescartera y elevar su valoración", dijo.

Por eso, se trata de un "escándalo interno" y "escándalo público" por la actuación de los dirigentes de las dos instituciones. "Algo tiene que estar ocurriendo tanto en la ONCE como, lo que es más grave, en la CNMV y ahí está la responsabilidad política", concluyó.