Dicha normativa recoge la obligación de los vendedores de entregar el plano general de la vivienda haciendo referencia a los materiales empleados en la construcción, el deber de entregar la certificación del Registro de la Propiedad o de su no inscripción y la obligación de poner a disposición del comprador la licencia y autorizaiones necesarias sobre la construcción.

Igualmente, la ley establece que el comprador debe conocer toda la información sobre tributos de todas clases que repercutan en la vivienda y no debe soportar gastos que no le corresponden legalmente (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción, división o cancelación".

José Antonio Jiménez, abogado de la FRAVM, explicó a Servimedia que son muchos los ciudadanos que acuden "tímidamente" a las asociaciones de vecinos y consumidres porque se sienten defraudados, "aunque son muy pocos los que, finalmente, deciden presentar un recurso contra las inmobiliarias".

A juicio del letrado, la clave del problema radica en las "dificultades que tiene la gente a la hora de reclamar lo que es legítimo, porque esto supone luchar contra el equipo jurídico de la inmobiliaria de turno, y hacer frente a los consiguientes gastos".

ACTUAR PREVENTIVAMENTE

El abogado de la FRAVM pidió a la Administración que intensifique su labor de inspeción y control sobre las actividades de las inmobiliarias y constructoras, "actuando más de un modo preventivo y no trasladando el problema a los usuarios".

Asimismo, recordó que los ciudadanos pueden denunciar estos casos en las asociaciones de vecinos o consumidores, o en la propia Dirección de Consumo de la CAM, que hace pocas fechas realizó un estudio según el cual el 90 por ciento de las inmobiliarias no respetan la legislación.

Jiménez anunció que, recientemente, una persona presentó una recamación contra la inmobiliaria Cohersa, por la repercusión a los propietarios de 125.000 pesetas en concepto de propiedad horizontal, hipoteca para financiar la construcción y división y cancelación de las mismas.

Esta reclamación afecta, según el abogado, a mil viviendas situadas en San Sebastián de los Reyes (Madrid). En opinión de Jiménez, es la empresa inmobiliaria la que debe correr con esos gastos.