Juan Jiménez Aguilar, secretario general de la CEOE, afirmó que la adopción de esas medidas es "ineludible y urgente", al tiempo que mostró su esperanza en que no haya "otoño caliente" porque "de lo que se trata es de hacer la economía más productiva, no más conflictiva".

Las medidas que la patronal reclama incluyen la reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y de los tipos más altos del IRPF, la disminución del intervencionismo del Estado en la economía y un ayor control de las prestaciones sociales.

A su juicio, la política económica seguida hasta ahora ha procado una "falta de estímulos a la actividad creadora de riqueza a largo plazo, sustituyéndola por una cultura de especulación y dinero fácil".

Sus consecuencias, de acuerdo con el análisis empresarial, han sido la pérdida de competitividad, el mantenimiento del déficit público, el estancamiento de la inversión y la paralización del proceso de creación de empleo.

En este contexto, la CEOE dnuncia que, pese a las múltiples reuniones celebradas antes del verano, "lo ciero es que no se ha dado ningún paso efectivo a esta alturas para asegurar la competitividad de España en 1993, ni por la vía consensuada ni por acciones concretas de Gobierno".

La razón estriba, en su opinión, en la "intransigencia sindical", motivo por el que insta al Gobierno a actuar sin más dilación, "comenzando por la presentación de un proyecto de presupuestos que sea realista y creíble".

UNION ECONOMICA EUROPEA

En la rueda de prensa, Jiménez Aguilar defendió la posición del Gobierno en favor de integrar a España entre los países que confluyan a mayor ritmo hacia la unión económica europea, pero advirtió que, para ello, es necesario tomar medidas de competitividad ya.

Se refirió también a las declaraciones formuladas el pasado fin de semana por el presidente de Banesto, Mario Conde, y el profesor Enrique Fuentes Quintana, y afirmó que se alegraba de "que compartan las posiciones mantenidas por la CEOE desde ace mucho tiempo".

Comentó asimismo los planes de reestructuración del INI y se mostró partidario de que las empresas públicas no rentables dejen de ser sostenidas por los presupuestos del Estado.

Finalmente, criticó la propuesta de UGT y CCOO de establecer un mecanismo de autorregulación de la huelga y recalcó que la posición empresarial la de regular este derecho mediante ley.