En una rueda de prensa en la que desgranó los principales puntos del Anteproyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, el secretario de Estado adelantó que los clubes tendrán obligación de disponer de un libro de registro con información genérica sobre las peñas y las hinchadas, documento que debe estar a disposición de la autoridad gubernativa.

El anteproyecto de Ley, dijo Lissavetzky, desarrolla y concreta aspectos ya contenidos en el protocolo firmado con los clubes para frenar los brotes de racismo o cualquier manifestación de intolerancia que se produzca en los recintos deportivos.

Como ejemplo, el documento que inicia su trámite para que el Parlamento lo ratifique como norma, otorgará al arbitro, por ley, la potestad absoluta de suspender un partido, y podrá desalojar las gradas total o parcialmente, de mutuo acuerdo, con el juez deportivo y coordinador de seguridad, si considera que se han producido hechos racistas, xenófobos o intolerantes de suma gravedad durante un espectáculo deportivo.

El árbitro tendrá, según el anteproyecto de ley, la capacidad absoluta de decisión aunque, según precisó Lissavetzky, deberá agotar otras vías antes de decidir la suspensión de un partido.

El anteproyecto de Ley, en el que participan los ministerios de Educación y de Interior, rodea en todas sus vertientes a los seguidores radicales y entra fuerte a controlar las páginas web de las hinchadas que exhiben en internet, y adueñándose del emblema de su respectivo club, simbología nazi e inconstitucional.

El Gobierno pretende con esta ley: fomentar el juego limpio, la convivencia y la integración intercultural, mantener la seguridad ciudadana y el orden público, establecer un régimen disciplinario deportivo y sancionador contra determinadas conductas.

Las multas, de acuerdo con el marco regulador propuesto, podrán ir desde 150 euros, por infracciones leves, hasta 650.000 euros, por infracciones muy graves. También contempla la prohibición de acceso a recintos deportivos entre dos y cinco años por infracciones muy graves y la privación de condición de socio o abonado.

No obstante, el Consejo Superior de Deportes ofrece una "vía de escape" a los clubes para que eviten cargar con toda la responsabilidad de las actuaciones de sus hinchadas. Si los responsables de los clubes colaboran con las autoridades en la localización de los aficionados que transgredan las normas podrán solicitar una disminución de la sanción.

"SONROJOS"

Este anteproyecto de Ley, señaló Lissavetzky, zanja también de forma definitiva algunas situaciones que, según calificó el secretario de Estado, causan "sonrojo".

La nueva norma elimina cualquier impedimento normativo que dificulte la actividad deportiva de las personas extranjeras y de sus familias legalmente residentes en España.

Hasta ahora, muchos deportistas no profesionales no podían formar parte de equipos deportivos porque su nacionalidad no era española. Esto ocurría incluso en las categorías más inferiores ya que las federaciones no admitían la inscripción de chavales extranjeros.

A juicio del secretario de Estado, ésta es una de las cuestiones que no podían mantenerse tal y como estaban hasta ahora porque son aspectos que contribuyen a mantener discriminación por razones de raza o nacionalidad y el deporte debe ser un vehículo de "integración".