Rubiales explicó que están analizando jurídicamente la posibilidad de pedi la nulidad del proceso, debido a la tardanza en recibir la documentación y a la "indefensión" con la que están ejerciendo su labor de oposición.

La diputada socialista denunció que han esperado un mes hasta recibir parte de la documentación que solicitaron referente a la declaración de bienes de los altos cargos que cobraron subvenciones, de forma que los datos han llegado al Congreso cuando ya habían comparecido los afectados.

Según explicó Rubiales, el pasado sábado, 24 de julio, recibió en sudomicilio un telegrama en el que se le notificaba que estos datos, solicitados el 24 de junio, estaban ya a su disposición en el despacho de comisiones de la Secretaría General del Congreso.

Debido a que la Cámara no trabaja el fin de semana, la parlamentaria no ha tenido acceso a los datos hasta esta misma mañana, mientras que los altos cargos comparecieron la semana pasada.

Por todo ello, anunció también que pedirán de nuevo la comparecencia en la comisión del delegado del Gobierno en Castilla-a Mancha, Carlos Moro; del ex presidente del FEGA Nicolás López de Coca; del director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, y del ex director financiero de Mercasa Gonzalo Ruiz Paz.

Además, pedirán la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio, Elena Pisonero. Puesto que las comparecencias se celebran un mínimo de quince días después de solicitarlo, Rubiales apuntó que, de ser aprobadas las solicitudes, lo más probable es que se celebren en septiembre.

En cualquier caso, insitió en que la comisión no puede cerrarse antes, ya que, aunque las comparecencias finalizarán en julio, las conclusiones deben ser elevadas al pleno de la Cámara para su votación en el próximo periodo de sesiones.

Rubiales criticó la "nocturnidad y alevosía" con la que el PP intenta trabajar en la comisión, y acusó a sus dirigentes de pretender sólo "un dictamen exculpatorio para que Loyola de Palacio se quede tranquila".