En el documento se asegura que no puede exigirse responsabilidad a la ex ministra derivada de un "supuesto conocimiento de las actividades presuntamente irregulares de personas desigadas por ella para cargos de confianza en el ministerio".

Muy al contrario, el PP y sus socios estiman que la ex titular de Agricultura impulsó en el Consejo de Ministros de la Unión Europea "modificaciones legislativas para evitar la utilización fraudulenta de la PAC en lo relativo al cultivo del lino".

Las conclusiones de los populares, con un total de trece puntos, sostienen que no hubo ninguna trama de altos cargos para beneficiarse de las ayudas del lino, como denuncian los socialistas y otrs grupos de la oposición.

Esta inexistencia de la trama quedaría probada, en primer lugar, porque no existió información privilegiada, ya que las normas nacionales y comunitarias que regulan el cultivo del lino funcionan bajo un "grado de transparencia y publicidad".

INCOMPATIBILIDAD DE CARLOS MORO

Por este motivo, estos partidos concluyen que la introducción del cultivo del lino en España "es consecuencia directa de un generoso régimen de ayudas comunitarias, y no de la supuesta actuación concrtada de un grupo de personas que años más tarde habrían de ocupar cargos de confianza en la Administración bajo el Gobierno del PP".

Respecto a los altos cargos, las conclusiones de PP, CiU y CC sólo censuran la actuación de Carlos Moro, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, y piden a la Inspección General de Servicios de la Administración que realice un informe sobre si pudo incurrir en "eventual incompatibilidad".

Según el documento, existen "dudas" sobre la posible incompatibilidad de as actividades de Moro en el ámbito agrícola con sus funciones como delegado del Gobierno.

Sobre Quintiliano Pérez Bonilla, director general de Ganadería, se destaca que quien recibió ayudas al lino fue su esposa y que este alto cargo no pudo ejercer influencia alguna en la concesión de las subvenciones.

Respecto a Nicolás López de Coca, ex director del FEGA, el PP y sus socios estiman que el hecho de que sus hijos cultivaran lino y recibieran ayudas son "actividades totalmente legítimas que paranada comprometían la imparcialidad" de este alto cargo.

Además, se añade que su cargo en el FEGA no permitía a López de Coca "beneficiarse de una supuesta información privilegiada, ni le obligaba a abstenerse de expedientes concretos de concesión de ayudas".

Por último, sobre Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de Mercasa, se dice que no cabe hacerle "reproche político alguno", ya que nunca fue alto cargo y podía, por tanto, "realizar las inversiones lícitas que estimara oportuno en cualquie sector empresarial".

El PP insiste, asimismo, en que si bien es el Ministerio de Agricultura el que traspone la normativa comunitaria sobre el lino, son las comunidades autónomas las que se ocupan de "tramitar, resolver y pagar" las ayudas europeas.