En rueda de prensa, los vicepresidentes primero y cuarto de la misma, Francisco Camps (PP) y Josep López de Lerma (CiU), recordaron que el 19 de julio la Mesa acordó trasladar a la Fiscalía General del Estado la documentación solicitada por Garzón, excepto una declaración de bienes de los altos cargos imputados en el fraude.

López de Lerma explicó que esa declaración es resevada y que si Garzón quiere acceder a ella debe pedirla al Ejecutivo, que es el depositario de la misma, según la ley. La Secretaría General la tuvo en depósito durante los meses de 1999 en que funcionó la comisión de investigación del fraude del lino, pero no puede hacer uso de ella más allá de facilitar su visión a los diputados investigadores.

Los dos dirigentes de la Mesa han acusado al portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, de no leerse la Constitución y de romper la tradición de la Cámaraal respecto, fijada en la VI Legislatura, en 1993, cuando era presidente el socialista Félix Pons.

Lerma ha recordado que el artículo 76.1 de la Carta Magna deja muy claro que la relación de las comisiones de investigación de las Cortes con los tribunales se formula a través del Ministerio Fiscal, y no directamente entre un juez y la Presidencia de la Cámara.

El diputado de CiU ironizó diciendo que Caldera y los dos representantes socialistas en la Mesa, Amparo Rubiales y Joan Oliart, "no se debe hablar" porque, si no, es incomprensible la actitud de este último hoy, acusando a la Mesa de obstaculizar la labor de Garzón en el asunto del lino.

Josep López de Lerma acusó al portavoz socialista de armar jaleo "como los niños en el patio del colegio el día de las vacaciones" y le recomendó que use este período estival para leerse la Constitución, donde queda claro el cauce de relaciones.

Incluso, añadió, si el Congreso no hubiera entregado la documentación a través de la Fiscalía y se la hubera entregado a Garzón, ese error de procedimiento pudiera haber sido utilizado procesalmente luego como factor de nulidad por los imputados.