López de Coca declaró como imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien instruye el caso del fraude del lino.

Las fuentes jurídicas consultadas consideran que existe, "como mínimo, un conflicto de intereses" en la actuación de López de Coca como presidente del FEGA, cargo por el que debía conocer el sistema de subvenciones del lino del que supuestamente se beneficiaron sus hijos, también imptados en este caso.

Para las mismas fuentes, "no es creible" que López de Coca, siendo presidente del FEGA no supiera que sus hijos se dedicaban al negocio del lino, cuando uno llevaba trabajando en este campo seis años y el otro tres.

Tras comparecer ante el magistrado, López de Coca declaró ante los periodistas que el FEGA es un órgano coordinador y que son las Comunidades Autónomas las únicas competentes para controlar las subvenciones al lino.

Asimismo, insistió en que como presidente de FEGA no tenía ninguna posibilidad de influir en un expediente de concesión" de subvenciones.

Garzón decidió citar como imputado a López de Coca a petición del fiscal Anticorrupción encargado del caso, David Martínez Madero. El magistrado considera que el ex presidente del FEGA podría haber realizado actividades prohibidas a los funcionarios públicos y haber cometido abusos en el ejercicio de su función.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia presentada, precisamente, por l vicepresidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, sobre el supuesto fraude generalizado que, según la Fiscalía Anticorrupción, hubo en el reparto de las ayudas que concedió la Unión Europea al cultivo del lino en la campaña de 1999.

La denuncia de Loyola de Palacio se apoyaba en gran parte en el informe que la Fiscalía Anticorrupción redactó a instancias de la Unidad de Control y Lucha Antifraude de la Comunidad Europea (UCLAF).

Fue la UCLAF la que instó al dpartamento dirigido por Carlos Jiménez Villarejo a abrir diligencias informativas, con el fin de comprobar si existía delito en el cobro de dichas ayudas.