Enrique e Ismael López de Coca, que declararon como imputados, aseguraron que este caso ha provocado un gran perjuicio a su familia, que ha dejado de percibir las subvenciones que le concedió en su día la Junta de Castilla La Mancha.

Asimismo, ambos aseguraronque en este caso se está "mareando la perdiz", porque en dos años que lleva la investigación no se ha encontrado el fraude que se cree existió.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia presentada por la vicepresidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, sobre el supuesto fraude generalizado que, según la Fiscalía Anticorrupción, hubo en el reparto de las ayudas que concedió la Unión Europea al cultivo del lino en la campaña de 1999.

La denucia de Loyola de Palacio se apoyaba en gran parte en el informe que la Fiscalía Anticorrupción redactó a instancias de la Unidad de Control y Lucha Antifraude de la Comunidad Europea (UCLAF).

En dicho texto se mencionaba a Colino como un ejemplo de los mecanismos utilizados para conseguir las subvenciones de la Comunidad Europea de forma ilícita.

Fue la UCLAF la que instó al departamento dirigido por Carlos Jiménez Villarejo a abrir diligencias informativas, con el fin de comprobar si existía delto en el cobro de dichas ayudas.