Así consta en un auto dictado ayer, en respuesta a una resolución por la que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenó que esecificara la acusación contra López de Coca.

Concretamente, la Sala se refería a esas "determinadas acciones" que supuestamente, según Garzón, llevó a cabo López de Coca para entorpercer los controles de la Comunidad de Castilla La Mancha y favorecer a sus familiares en las explotaciones agrarias dedicadas al cultivo del lino.

Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional explica que López de Coca "se dirigió personalmente al consejero de Agricultura de laJunta de Comunidades de Castilla La Mancha en enero de 1999, realizándole hasta tres llamadas telefónicas, con la sola finalidad de convencerle de la inconveniencia de que se aprobara y publicara por dicho departamento una orden que impediría el cobro de las ayudas del lino" a determinadas personas.

Dicha orden afectaba a aquellas parcelas que hubieran estado sembradas de lino o de cáñamo en la campaña anterior, "situación en la que se encontraban los hijos del imputado López de Coca".

Para Garzó, el ex presidente del FEGA logró que dicha orden no llegara a promulgarse, "con lo cual, directa o indirectamente, consiguió -prevaliéndose de su cargo- beneficiar a dichos familiares y a sus explotaciones agrícolas en un área que entraba dentro de las competencias genéricas del señor López de Coca, y, por tanto, incompatibles con todo tipo de asesoramiento, consejo, impulso o beneficio por parte de un funcionario público".

Según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia acional, López de Coca indiciariamente puso al "servicio particular" de sus familiares "los datos y responsabilidades que manejaba o disponía" como presidente del FEGA.

INVESTIGACION

Garzón concluyó la investigación del caso el 22 de mayo del año pasado, en un auto en el que mantenía la imputación de Nicolás López de Coca y de otras 24 personas más, mientras que decretaba el sobreseimiento y archivo de la causa con respecto a otras 28, entre las que se encuentran dos hijos del ex presidente del FEGA Enrique e Ismael López de Coca.

Para Garzón, los hechos investigados podrían ser constitutivos de falsedad documental, tráfico de influencias e, incluso, de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia presentada por la vicepresidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, sobre el supuesto fraude generalizado que, según la Fiscalía Anticorrupción, hubo en el reparto de las ayudas que conedió la Unión Europea al cultivo del lino en la campaña de 1999.

La denuncia de Loyola de Palacio se apoyaba en gran parte en el informe que la Fiscalía Anticorrupción redactó a instancias de la Unidad de Control y Lucha Antifraude de la Comunidad Europea (UCLAF).

Fue la UCLAF la que instó al departamento dirigido por Carlos Jiménez Villarejo a abrir diligencias informativas, con el fin de comprobar si existía delito en el cobro de dichas ayudas.