En un auto hecho público hoy, Garzón considera que es "imprescindible" llamarles como imputados, "teniendo en cuenta que las preguntas que se le van a formular necesariamente tendrán carácter incriminatorio, o al menos así se desprende del escrito de la acusación particular".

Además, los días 24, 25 y 26 de julio, Garzón tomará declaración como testigos a un total de 15 personas, entre quienes se encuentra al actual irector general del FEGA, así como varios altos cargos de las consejerías de Agricultura de las juntas de Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León y Extremadura.

Por otra parte, Garzón ha levantado la imputación respecto de Maria del Carmen Cosio Ariño, Angeles Guiomar García y María Cid Arroyo.

Estas tres mujeres se encontraban entre las 42 personas a las que Garzón procesó al admitir la denuncia presentada en su día por la vicepresidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio.

Entre los imputados se encuentra Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de la empresa pública Mercasa y propietario de la empresa transformadora Colino Sociedad Limitada. Ruiz Paz y Nicolás López de Coca ocuparon altos cargos en el Ministerio de Agricultura cuando esta cartera estaba dirigida por Loyola de Palacio.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia presentada por la vicepresidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Agricultura, Loyola de Palaio, sobre el supuesto fraude generalizado que, según la Fiscalía Anticorrupción, hubo en el reparto de las ayudas que concedió la Unión Europea al cultivo del lino en la campaña de 1999.

La denuncia de Loyola de Palacio se apoyaba en gran parte en el informe que la Fiscalía Anticorrupción redactó a instancias de la Unidad de Control y Lucha Antifraude de la Comunidad Europea (UCLAF).

En dicho texto se mencionaba a Colino como un ejemplo de los mecanismos utilizados para conseguir las subvencionesde la Comunidad Europea de forma ilícita.

Fue la UCLAF la que instó al departamento dirigido por Carlos Jiménez Villarejo a abrir diligencias informativas, con el fin de comprobar si existía delito en el cobro de dichas ayudas.