Nicolás López de Coca estuvo al frente del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) en la época en la que el Ministerio de Agricultura estaba dirigido por Loyola de Palacio.

Baltasar Garzón, instructor de este caso, no ha tomado aún una decisión sobre esta solicitud del fiscal, quien también ha pedido al magistado otra serie de diligencias que tampoco se han acordado aún por parte del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Así, Martínez Madero quiere que la Oficina Anti Fraude de la UE (OLAF) remita documentos, facturas o "cualquiera otros justificantes de compra o venta de fibra de lino o de maquinaria de transformación que hubiere dicho organismo recabado en el ejercicio de sus funciones".

En su escrito, el fiscal pide el informe de la Dirección General de Agricultura de laComisión Europea en que se basa la multa a España por el cobro indebido de subvenciones al lino.

Otras de las diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción consiste en averiguar si en 1999 el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León fue llamado para "extinguir algún incendio o conato" de fuego en una determinada zona de Zamora en la tarde noche del 28 de julio de 1999.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional a raíz de a denuncia presentada por la vicepresidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, sobre el supuesto fraude generalizado que, según la Fiscalía Anticorrupción, hubo en el reparto de las ayudas que concedió la Unión Europea al cultivo del lino en la campaña de 1999.

La denuncia de Loyola de Palacio se apoyaba en gran parte en el informe que la Fiscalía Anticorrupción redactó a instancias de la Unidad de Control y Lucha Antifraude de la Comunidad Europea (UCLAF).

Fu la UCLAF la que instó al departamento dirigido por Carlos Jiménez Villarejo a abrir diligencias informativas, con el fin de comprobar si existía delito en el cobro de dichas ayudas.