Los primeros en comparecer ante los diputados serán los directores generales de Agricultura, Rafael Milán Díez, y de Ganadería, Emiliano Pérez Bonilla, que deberán explicar cuál es el papel que desempeña su ministerio en el proceso de concesión de la ayudas al lino.

A continuación, está citado Francisco Simón Vila, ex director del Gabinete de Loyola de Palacio cuando ésta era ministra, y que fue quien reciió una carta del consejero del consejero de Agricultura de Extremadura en la que le pedía instrucciones sobre el procedimiento de concesión de las subvenciones.

Simón, según los socialistas, que han sido los que solicitaron su comparecencia, dio unas instrucciones genéricas al consejero extremeño y remitió una copia de la carta del consejero extremeño al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), para que analizase el asunto.

En este sentido, será el ex presidente del FEGA Nicolás López de Coca elsiguiente en comparecer, y que dimitió de su cargo tras constatarse que varios de sus hijos eran beneficiarios de las subvenciones al lino.

A continuación, acudirá el otro alto cargo que dimitió de su puesto, el ex director de MERCASA Gonzalo Ruiz Paz, que abandonó esta empresa pública por su supuesta participación en el accionariado de una de las transformadoras de lino de Castilla-La Mancha, Colino S.L, y porque familiares suyos cobraron también subvenciones.

RESPONSABILIDADES POLITICAS

Sobrelas intenciones respecto a la comisión que comienza mañana, Francisco Amarillo, portavoz socialista de Agricultura, declaró a Servimedia que su partido tratará de demostrar la existencia de "una presunta corrupción de un grupo de funcionarios", que se habrían beneficiado de información privilegiada y de su cargo para cobrar las ayudas al lino.

Amarillo destacó que esta tesis se ve refrendada por la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de abrir diligencias a instancias de la Oficina Antifraude de la ucha Antifraude (OLAF).

Por su parte, José Madero, portavoz de Agricultura del PP, declaró que en los tabajos de la comisión demostrarán que no hubo ningún tipo de información privilegiada, porque los requisitos de las subvenciones son públicos.

Además, Madero insistió en que quedará claro que "cualquier presunta ilegalidad, error administrativo o irregularidad" que pudiera existir es responsabilidad de las comunidades autonómas, que son las encargadas de gestionar las ayudas.

A su vez, JoséLuis Centella, portavoz de Agricultura de IU, explicó a Servimedia que mañana volverán a pedir el aplazamiento de las comparecencias por falta de tiempo para estudiar la documentación, y calificó la comisión como de "farsa orquestada por el PP para que Loyola de Palacio llegue limpia de polvo y lino a Bruselas".