La moción rechazada, fruto de la interpelación de la semana asada al ministro de Justicia, Angel Acebes, pretendía que el Congreso declarase la existencia de responsabilidades políticas del Gobierno de José María Aznar en este caso.

La interpelación fue presentada por el Grupo Socialista después de la propuesta comunitaria de exigir al Gobierno español la devolución de 21.000 millones de pesetas, el total de las ayudas concedidas durante las tres campañas en las que la Agencia Antifraude de la UE (OLAF) detectó que se declaraba una producción superior a la rea.

La iniciativa socialista pedía también que se trasladase esta petición de responsabilidades a la Comisión Europea para que exija la dimisión de la entonces ministra de Agricultura, que se comprometió a hacerlo en el caso de que se demostrase el fraude.

El PSOE instaba también al Ejecutivo a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para minorar el importe de la sanción propuesta por la UE, que deberá pagarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de modo que no tenga repercusión obre las rentas de los agricultores.

RESPONSABILIDAD DE LAS COMUNIDADES

El Grupo Popular presentó una enmienda para sustituir esta moción, que fue rechazada por el PSOE, en la que trasladaba toda la responsabilidad del pago y control de las subvenciones al lino a las comunidades autónomas.

El PP proponía pedir al EJecutivo que, "en el ejercicio de sus responsabilidades, ejerza todas las acciones necesarias para minorar la corrección financiera, de acuerdo a los argumentos suministrados por los nicos competentes en la gestión, control y pago de la ayuda al lino textil, es decir, los organismos pagadores de las comunidades autónomas".

"La Administración General del Estado no puede llevar a cabo dicha restitución por su carácter de simple coordinador, al ser las administraciones autonómicas las que se ocupan de tramitar, resolver y pagar las ayudas directas a los cultivos, así como de efectuar los controles administrativos y de campo", añadía.

El texto del Grupo Popular insistía en que "e a las comunidades autónomas a quienes corresponde en exclusiva la inspección y eventual detección de fraudes, así como la autorización de las industrias transformadoras".