Alonso declaró como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien le hbía citado, a petición de la fiscal Anticorrupción encargado del caso, David Martínez Madero, en relación con el caso del fraude del lino.

"Se me llamó insistentemente para convencerme de que que no era conveniente que impusiéramos en Castilla-La Mancha una norma adicional de prohibición del cultivo del lino", explicó posteriormente a los periodistas, cuando éstos le preguntaron si López de Coca le habló con él por este caso. "Eso es cierto, lo dije en el Congreso y hoy lo he reiterado".

Alonso rtificó así la declaración que prestó en su día ante la comisión de investigación parlamentaria encargada de depurar responsablidades políticas en este caso. Entonces afirmó también que las comunidades se limitan a aplicar la normativa del ministerio sobre las ayudas y denunció una "trama" vinculada a altos cargos de ese departamento para beneficiarse de las subvenciones.

Tras su comparecencia ante Garzón, Alonso declaró a los periodistas que en este caso existe una "situación muy irregular que todo elque se acerca al lino percibe".

Asimismo, afirmó que en el caso del fraude del lino, del que dijo que tiene un "olor nauseabundo", ha habido un "interés muy grande de algunos de cultivar el lino para obtener subvenciones".

"Es injustificable que cuatro listos se lleven un montón de dinero sin dejar nada en el campo", agregó Alonso, quien recordó que hace unos años en Castilla-La Mancha había "45.000 hectáreas de lino y ahora hay cero hectáreas; luego, la evidencia de que era una irregularidad es astante clara".

La comparecencia de este miembro del Gobierno de José Bono se ha producido a raiz de la declaración prestada el pasado 20 de febrero por Nicolás López de Coca, ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

López de Coca afirmó entonces que no se enteró hasta abril de 1999, cuando estalló el escándalo por el fraude en las subvenciones europeas por cultivo de lino, de que dos de sus hijos se dedicaban a esos cultivos desde 1993 y 1996, respectivamente.

Este caso legó a la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia presentada por la vicepresidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, sobre el supuesto fraude generalizado que, según la Fiscalía Anticorrupción, hubo en el reparto de las ayudas que concedió la Unión Europea al cultivo del lino en la campaña de 1999.

La denuncia de Loyola de Palacio se apoyaba en gran parte en el informe que la Fiscalía Anticorrupción redactó a instancias de la Unidad de Control y Lucha Antifraude d la Comunidad Europea (UCLAF).

Fue la UCLAF la que instó al departamento dirigido por Carlos Jiménez Villarejo a abrir diligencias informativas, con el fin de comprobar si existía delito en el cobro de dichas ayudas.