Según COAG, el fraude del lino ha puesto en entredicho la honorabilidad de un colectivo de agricultores "por culpa de un puñado de sinvergüenzas y de algunos miembros de las administraciones, central y autonómicas, que hicieron la vista gorda ante un escándalo terriblemente lesivo para este cultivo y sus profesionales".

Para los especuladores, la coordinadora pide que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley por haber querido aproecharse de los mecanismos de ayuda comunitarios en perjuicio de los auténticos cultivadores.

En cuanto a los políticos, exige, además de su dimisión inmediata, sanciones penales. "La primera en abandonar sus funciones ha de ser la comisaria Loyola de Palacio, máxima responsable de la gestión de las ayudas que Bruselas destinaba al lino español", agrega COAG.