Guardans declaró a Servimedia que con su decisión de investigar a tres industrias transformadoras y congelar el pago de parte de las ayudas comunitarias, confirma la "perfecta validez" de las conclusiones de la "comisión del lino".

El diputado de CiU explicó que esto es así porque en las concusiones se hablaba de que detectar posibles irregularidades era competencia de las comunidades y que éstas "tenían instrumentos para detectar el fraude que pudiera existir".

Según Guardans, son las autonomías las que "en caso de fraude tienen que decidir qué es lo que se hace", de acuerdo con lo que les autorice la Unión Europea (UE).

Añadió que la comisión de investigación trató de explicar de qué forma funciona el "engranaje" de las ayudas europeas a la agricultura, y qué papel juegan las comundades y cómo el Ministerio de Agricultura ejerce de "correa de transmisión" entre la UE y las autonomías.

"Me alegro mucho", concluyó, "de que la consejería de Castilla-La Mancha ejerza sus competencias".