Esa cifra incluye el coste de las expropiaciones y las medidas para prevenir el impacto medioambiental, no contabilizadas en el presupuesto aprobado por el Consejo de Ministros en 1989, que era de 270.000 millones.

Borrell aseguró que no espera que se produzcan desviaciones adicionales superiores a los 6.000 millones de pesetas y señaló que se trata de cantidades muy bajas en relación con obras de proporciones similares, como el túnel del Canal de La Mancha.

Reconoció que la línea de alta elocidad Madrid-Sevilla se está construyendo "contrarreloj", pero se mostró convencido de que "cumpliremos con la cita del 14 de abril de 1992", fecha prevista para la inauguración.

Por otra parte, Borrell admitió que el TAV no tendrá beneficios, al señalar que "ningún tren del mundo es rentable, ni siquiera el japonés", pero negó validez a las estimaciones sobre el coste real del billete realizadas por el Partido Popular.

El PP estima dicho coste entre 30.000 y 35.000 pesetas, según explicó su dputado Felipe Camisón, quien aseguró que la diferencia entre esa cantidad y el precio comercial del billete tendría que ser subvencionada con cargo al déficit de Renfe.

Camisón afirmó también que la deuda de Renfe ascendía a finales de julio a 852.000 millones de pesetas, de los que 702.000 millones corresponderían al endeudamiento financiero y 150.000 millones a compromisos contraidos con proveedores.

Borrell negó credibilidad a los datos aportados por el Partido Popular y recalcó que la rentabiidad del TAV va más allá del impacto que pueda tener en la cuenta de resultados de Renfe, ya que contribuirá a integrar a Andalucía en el desarrollo económico de España.

ARANZADI CRITICA A LA PATRONAL DEL TEXTIL

Por otra parte, el ministro de Industria, Claudio Aranzadi, que también fue interpelado en el pleno del Congreso, criticó duramente a la patronal textil, a la que culpó del retraso en la presentación del plan de competitividad del sector para recibir ayudas de la CE.

Según el ministro, a presentación del plan, que todavía no ha sido aprobado por la Comunidad Europea, se retraso por la "manifiesta incapacidad de la patronal del sector textil para generar un posición común".

Añadió que, si la patronal no considera interesantes las medidas previstas en el plan, que incluyen subvenciones públicas, "entiendo que renuncian a ellas".