Los fabricantes de licores evaluaron el aumento en 42 pesetas más por litro, entre el impuesto especial y el IVA, y pidieron al Gobierno que negocie con ellos una planificación fiscal a cinco años para no somter al sector a "políticas erráticas" que "ponen en situación delicada a un sector maduro, que ha sufrido ya bastantes reestructuraciones".

El Gobierno subió el impuesto especial por última vez en 1996, en un 26,5%, y ahora justifica el incremento fiscal como una actualización. Sin embargo, la FEBE responde que la inflación acumulada desde el 96 llega al 16,7%, menos que la subida de hace cinco años.

Los licoreros consideran que, debido a que casi la mitad del precio final del producto son impuesos, el Estado debe tener con ellos una relación especial que se refleje en una previsión de cómo va a evolucionar el impuesto especial en un horizonte de cinco años, teniendo en cuenta las previsiones de inflación, crecimiento económico, el impacto del turismo, el contexto europeo, la correlación con vinos y cervezas, y el esfuerzo fiscal en España en comparación con los socios comunitarios.

Dalda criticó también que la elevación del impuesto se haga en un momento de crisis económica, por el peligro d que caiga el consumo de bebidas alcohólicas y aumenten los precios en la hostelería de modo desproporcionado con el pretexto de la subida fiscal.

Asimismo, la FEBE pidió que el Ejecutivo les permita exigir a sus clientes el pago a 30 días para poder cumplir ellos con su obligación de abonar el impuesto especial a Hacienda a los 68 días de la salida de fábrica del producto.