Un portavoz del departamento que dirige Esperanza Aguirre declaró a Servimedia que "carece totalmente de fundamento esta acusación" que ha recibido el Gobierno.

"La medida aprobada por el Ejecutivo atiende una demanda de miles de familias y de las asociaciones de padres de alumnos, que vienen pidiendo reiteradamente una ajada del precio de los libros de texto", afirmó este portavoz. "El Gobierno busca el interés general, y no beneficiar a una de las partes".

Tras conocer las duras acusaciones lanzadas en rueda de prensa por los editores, el Ministerio de Educación mostró su deseo de "restrablecer el diálogo que habido entre ambas partes durante más de un año, con el fin de "armonizar" los intereses de todas las partes.