Como aspecto positivo destacó que se reconozcan las libertades de edición y elección de los libros por parte del profesorado, así como el mantenimiento del sector librero como servicio cultural.

En cambio, Santos juzgó "preocupante" el excesivo papel decisorio que, en su opinión, concede el dictamen a las comunidades autónomas sobre el futuro modelo de fnanciación de los libros.

El acuerdo del Congreso establece que las comunidades autónomas evaluarán el coste de los libros en sus regiones y decidirán sobre la posible gratuidad en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.

"El Estado debe tener una política coherente y no es bueno que este asunto tenga un tratamiento tan autonómico, porque los desequilibrios regionales que ya existen pueden acrecentarse", señaló.

Respecto a la aplicación de la gratuidad, el responsable de ANELE dijo ue el informe es "difuso" y dependerá de cómo se instrumente la medida para opinar sobre su aplicación, aunque recordó que los editores están abiertos a que los libros no tengan coste para las familias.