Los autores de los informes son Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo, y Miguel Angel Díaz Mier, profesor de Economía Internacional.

Ambos estudios coinciden en asegurar que el Tribunal de la Competencia presenta numerosas deficiencias y ha utilizado opiniones de forma "sesgada e imparcial". Sostienen que el dictamen "nocumple las reglas mínimas de análisis de mercado" y eleva a rango de hecho lo que son simples opiniones.

Según el informe económico de Díaz Mier, el dictamen del TDC cae en el error de "obtener cifras estimatorias de otros mercados y aplicarlas a predicciones para el mercado español".

El estudio jurídico destaca "la total ausencia en el informe del TDC de razonamientos jurídicos que justifiquen el absoluto liberalismo del tribunal, lo que hace concluir que no existe realmente ningún fundamento juídico para la eliminación del precio fijo".

Para Muñoz Machado, el tribunal se limita a exigir la libre competencia en el sector del libro sin valorar la necesidad de atender y preservar otros objetivos e intereses públicos prevalentes.

A juicio de este catedrático, el TDC "no tiene en cuenta la especificidad del libro como bien cultural y, en consecuencia, no se percata de que algunas de las consecuencias de la liberalización que podrían ser positivas en cualquier otro sector de producción, resutarán nefastas en el sector del libro".