Según la juez que nstruye el caso, Cristina Mir, del juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana, los 84 trabajadores extranjeros que trabajaban en cinco fincas de cultivos de tomates del Sur de la isla eran ilegales y por tanto no tenían la documentación necesaria para trabajar en España.

Según la Delegación del Gobierno, 35 de esos trabajadores han sido puestos en libertad mientras continúan los trámites para su expulsión y los otros 49 están pendientes de que se produzca una resolución judicial y están retenidos e el centro de extranjeros.

Los abogados de los acusados han manifestado su sorpresa por la detención de los empresarios ya que admiten que "en todo caso" habrían incurrido en un delito administrativo al no darles de alta en la Seguridad Social a los trabajadores, "pero no han cometido ningún delito penal".

Según el alcalde del Ayuntamiento de Santa Lucía, Camilo Sánchez, los empresarios se vieron obligados a emplear a ilegales en la recolección del tomate tras solicitar al INEM que les enviase trbajadores y que dicho organismo no encontrase mano de sobra para cubrir la demanda. El alcalde mostró su indignación por el trato que recibieron los empresarios "como si fuesen terroristas".

Para Comisiones Obreras, esta redada y posteriores detenciones en el Sur de Gran Canaria evidencian "lo que ya hemos dicho con anterioridad, que es la práctica habitual de utilizar a inmigrantes como mano de obra barata", asegura Prisco Alfonso Navarro, secretario de Relaciones Institucionales y Acción Social de COO. Denuncia además que los trabajadores ilegales "trabajaban de sol a sol por tan sólo tres mil pesetas diarias más un bocadillo".

La patronal del sector hortofrutícola de Las Palmas ha desmentido que la contratación de ilegales sea una práctica habitual de los empresarios agrícolas. Según el portavoz de la federación, Roberto Goiriz, la práctica de utilizar ilegales en las plantaciones "es muy aislada y en las empresas del sector se aplica la legalidad".