En su auto, el juez Pedraz asumió el informe del Ministerio Público en el que se señala que a día de hoy “se pueden considerar, si no neutralizados sí muy disminuidos los riesgos que justificaron la adopción de la medida cautelar de prisión provisional impuesta en el auto de 10 de octubre de 2024”.

El magistrado agregó que ha quedado “muy atenuada” la capacidad de Rivas “para impedir o dificultar las diligencias de investigación que se pudieran ir acordando, y es por ello que se considera pertinente su modificación, razón por la que se ha de estimar procedente que se acuerde su libertad provisional”.

A la vista del informe de Anticorrupción, Pedraz recordó que, conforme al artículo 505.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez debe acordar la libertad de una persona si ninguna de las partes personadas solicita la prisión.

En este procedimiento, al estar la causa bajo secreto y no concurrir acusaciones, salvo la del Ministerio Fiscal, si este y su defensa instan la libertad del empresario el magistrado debe acordarla.

En cuanto a las medidas cautelares, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 impuso a Rivas la obligación de comparecer cada semana ante el juzgado, la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización previa del órgano judicial, con entrega del pasaporte, así como la fijación de un domicilio para las notificaciones.