El diputado, que está en libertad condicional, aseguró que se incorporará a su escaño en el Parlamento canario para seguir con sus funciones, ya que no tendrá que pasar en prisión el mes que le queda por cumplir.

García Bravo, ex alcalde de Yaiza, se benefició del tercer grado y de una reducción de condena, aunque tuvo que pagar las 300.000 pesetas de fianza para poder quedar en libertad condicional. La solicitud de ecorte de la pena contó con la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Los responsables de la prisión aseguraron que no se concedió ningún tipo de privilegio a García Bravo, que dirige el PIL y que se vió obligado a abandonar la alcaldía del municipio de Yaiza, al estar inhablitado para ejercer como alcalde por una sentencia del Tribunal Supremo.