Miquel Casals, detenido en Gerona, quedó en libertad tras pagar una fianza de un millón de pesetas, mientras que Lluis Quintana, detenido en Granollers (Barcelona), tuvo que depositar 300.000 pesetas, y Antoni Capdevila, alcalde independiente de la población de Ribera d'Ugellet (Lérida), 500.000 pesetas. Los dos primeros militan en el Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Los tres fueron detenidos acusados de estar relacionados con Terra Llire y sus nombres estaban incluidos en el sumario que el juez Garzón comenzó a instruir en el mes de junio, que supuso la detención de más de 30 independentistas. La mayoría de ellos fueron puestos en libertad sin cargos o bajo fianza.

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, pidió hoy a los poderes políticos y judiciales que procuren no provocar "reacciones contraproducentes a través de decisiones tomadas fuera de tiempo o fuera de contexto", refiriéndose a las detenciones de independentistas.

Por su parte, el consejero de Justicia de la Generalitat, Agustí Bassols, afirmó que "estas actuaciones crean inquietud y alarma", aunque añadió que respeta la independencia de los jueces y del poder judical del Estado.

El vicepresidente del Gobierno central, Narcís Serra, manifestó hoy en Lérida, refiriéndose también a este asunto, que deben respetarse las decisiones judiciales.