Del Olmo ordenó igualmente la libertad bajo fianza para tres de los colaboradores de Gil en el Ayuntamiento marbellí, que también permanecían encarcelados desde la semana pasada, según informaron fuentes jurídicas.

En un auto hecho público hoy, el juez estableció una fianza d 450.000 euros (75 millones de pesetas) para el ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento del Marbella, Juan Antonio Roca. Por su parte, José Luis Jiménez, gerente de Contratas 2000, y José Luis Sierra, ex abogado del también presidente del Atlético de Madrid, deberán abonar 300.000 euros (50 millones de pesetas) en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

En relación a la situación del contable Manuel Castel, quien también ingresó en prisión la pasada semana, Del Olmo no sepronunciará hasta que concluya su declaración en la Audiencia Nacional, que comenzó esta mañana.

En el auto, el juez explica que la prisión provisional e incondicional de estas cinco personas era "necesaria" para garantizar la práctica de diligencias que, de otra forma, "podía verse gravemente alterada o manipulada".

"La prisión provisional e inconcdicional obedecía, no tanto al riesgo de evasión a la acción a la Justicia, que no se evidenciaba en una primera impresión, como al riesgo de obstruccón en la labor judicial de búsqueda de la verdad a través de las fuentes de prueba", dice el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis.

El juez Del Olmo, que mantiene secretas las actuaciones, señala también que las diligencias practicadas permiten "aventurar un entramado que ha venido a corroborar extremos iniciales de la querella presentada y de la investigacón realizada", y destaca la "relaciones personales" entre los querellados.

El magistrado señala que la presunta implicación d Eduardo Gonzálvez y de Francisco Javier Herrera es menor que la del resto de imputados, de quienes añade que "aparecen en el presunto entramado objeto de investigación en un nivel más elevado, relevante y de estructuración de las actividades, dado el grado de presunta responsabilidad por ellos adoptado en la organización y toma de decisiones, amén de asesoramiento y nivel de confianza evidenciado".

Por último, el magistrado considera que, a día de hoy, las circunstancias que justificaron la prisión povisional e incondicional de estos cinco querellados han desaparecido, por lo que procede decretar su puesta en libertad bajo fianza, excepto para Manuel Castel, sobre cuya situación decidirá en las próximas horas.

El juez ya decretó libertad bajo fianza de 150.000 euros (25 millones de pesetas) de otros dos colaboradores de Gil: Eduardo Gonzálvez, empleado de la empresa municipal marbellí Planeamientos 2000, y Javier Herrera, empleado de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.

La presunta malveración de que se acusa a Gil consistió en la creación de numerosas "empresas fantasma", que cobraban al Ayuntamiento de Marbella facturas por obras que no se habían realizado.

Según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, entre 1991 y 1995 Gil se apropió de casi 5.000 millones de pesetas, mediante el desvío de fondos de tres empresas municipales. El departamento dirigido Carlos Jiménez Villarejo sostiene que, de la citada cantidad, el alcalde de Marbella ingresó en sus cuentas entre 700800 millones de pesetas.